La presente ley establece las directrices para la modificación de las tarifas del servicio público domiciliario de energía eléctrica para garantizar un equilibrio entre la sostenibilidad económica y fiscal de las empresas operadoras, la eficiencia en la prestación del servicio y la protección de los intereses de los usuarios, todo ello, en condiciones de equidad, transparencia, participación ciudadana y respeto al principio de sostenibilidad fiscal.