Este proyecto de ley modifica la Ley 5 de 1992 y la Ley 1828 de 2017 con el fin de fortalecer la ética y la transparencia en el Congreso mediante la optimización del trámite de impedimentos, recusaciones y conflictos de interés. Para lograrlo, redefina estos conceptos para eliminar ambigüedades, establece un procedimiento eficiente con plazos claros para resolver recusaciones, contempla sanciones contra quienes las presenten sin fundamento para evitar dilaciones injustificadas y exige la actualización obligatoria de un registro de intereses de los congresistas y sus familiares, garantizando el acceso público para el seguimiento de la ciudadanía y los organismos de control.