El objetivo de esta iniciativa es crear la Comisión Minero-Energética de la República con rango constitucional para despolitizar y tecnificar la toma de decisiones en los sectores minero, de hidrocarburos y de energías renovables, protegiendo al país de decisiones ideológicas que afecten su seguridad energética y fiscal a través de una entidad independiente —similar al modelo del Banco de la República— que asumirá de forma inmediata las funciones y el control de organismos como la CREG, la ANH y la ANM.