Por medio del cual se adoptan medidas para aumentar la celeridad y facilidad en la vinculación laboral y en la contratación para la prestación de servicios con las entidades públicas y empresas privadas.

El proyecto de ley, intenta dar una solución efectiva y real a la situación que viven en la actualidad los ciudadanos en el momento en que van a suscribir un contrato de trabajo, la posesión, o contrato de prestación de servicios, sea en una entidad pública o privada, la cual se ha convertido en una verdadera tramitología, donde se evidencia la ineficiencia y la no aplicabilidad de la celeridad en las instituciones del Estado, presumiendo la mala fe del ciudadano e imponiendo una barrera para el acceso al trabajo. El proyecto pretende modificar el contenido de los artículos 14 de la Ley 962 de 2005, 17 y 240 de la Ley 100 de 1993, todo con el propósito de que el ciudadano que decida prestar sus servicios al Estado o a cualquier entidad privada, además de presumírsele la buena fe, no encuentre una barrera burocrática y de tramitomanía, que le dificulte, aun más, el ejercicio de una actividad productiva que garantice el desarrollo de su vida con dignidad.