Este proyecto de ley tiene como objetivo armonizar el ordenamiento jurídico interno con los principios y normas de los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, dando cumplimiento al artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual establece que los derechos políticos de los servidores de elección popular no pueden ser limitados por órganos administrativos, sino únicamente por sentencia judicial. En este sentido, se busca garantizar la preeminencia y vinculación de la Convención en el sistema jurídico colombiano, salvaguardando los Derechos Humanos y ratificando el control de convencionalidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia, que exhorta al Estado a eliminar las facultades sancionatorias de la Procuraduría en materia de derechos políticos. Adicionalmente, la modificación propuesta pretende evitar la politización del proceso disciplinario, asegurando que las investigaciones y sanciones sean competencia de jueces imparciales, independientes y objetivos.