Crea la jurisdicción especial agraria a la que corresponderá en forma exclusiva, conocer y resolver los conflictos que se originan en las relaciones de la naturaleza rural y agraria, los que deriven de la propiedad, posesión u ocupación de predios rurales y bienes agrarios, relacionados con los derechos de tenencia y uso de la tierra y el territorio, promover la regularización de la propiedad rural, lo relacionado con las actividades agrarias de producción, transformación y enajenación de productos agrícolas en cuanto estos últimos no se constituyan actos mercantiles ni que de tales relaciones emanen de un contrato de trabajo.