Este proyecto de ley busca elevar a política de Estado la reducción permanente del gasto público mediante la obligatoriedad de los Planes Anuales de Austeridad para todos los órganos del Presupuesto General de la Nación y sus sedes en el exterior (embajadas y consulados), excluyendo a las entidades territoriales. La iniciativa limita costos en viáticos, tiquetes, vehículos oficiales, esquemas de seguridad, publicidad y eventos, al tiempo que establece mecanismos de transparencia para que la ciudadanía pueda vigilar el uso de los recursos en gastos de funcionamiento.