Este proyecto de ley propone declarar al río Meta, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos y crear un comité encargado de gestionar todo lo relacionado con la designación como sujeto de derechos. Además, garantiza la participación activa de los grupos étnicos que habitan en la ribera del río, cuya cosmovisión es clave para su protección. También busca derogar normativas previas, como la Ley 1938 de 2018, que excluyen injustamente a comunidades indígenas de la toma de decisiones ambientales, afectando su representación y derechos sobre el territorio, especialmente en municipios como Puerto Gaitán, Puerto López y Villavicencio.