El objetivo principal de este proyecto de ley es fortalecer el cumplimiento de los fines estatales mediante el ejercicio eficiente y eficaz de la función pública, especialmente en contextos donde el Estado no puede permitirse ser lento o inoperante. Para ello, se propone modificar el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales), estableciendo nuevas prohibiciones para los servidores públicos en tiempos electorales. Estas incluyen restricciones sobre el uso de recursos públicos, la participación en actividades proselitistas, la difusión de propaganda electoral, y la manipulación de la nómina o beneficios laborales con fines políticos. El proyecto busca garantizar la transparencia, la imparcialidad y la equidad en los procesos electorales, evitando el uso indebido del poder público para influir en los votantes o favorecer campañas políticas.