Busca establecer un marco general que claro y riguroso que regule las condiciones, límites y procedimientos bajo los cuales es el gobierno nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, podrá adelantar acercamiento y negociaciones de paz con grupos armados organizados, (GAO) y procesos de sometimiento de la justicia, con estructuras de delincuencia organizada (EDO). El objetivo primordial es dotar al Estado de una herramienta eficaz para la búsqueda de la paz y la desarticulación criminal, garantizando que estos procesos se desarrollen dentro de los más altos estándares de legalidad, transparencia, responsabilidad y con la clara orientación hacia resultados tangibles que beneficien a toda la sociedad colombiana, incluyendo la fundamental garantía de los derechos de las víctimas.