Esta iniciativa legal busca impulsar el desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica y ambiental dentro de los departamentos, distritos y municipios con jurisdicción portuaria, mediante la redistribución de una fracción de los recursos generados por las contraprestaciones del sector marítimo. Para sustentar esta propuesta, la justificación normativa toma como referencia el artículo 7º de la Ley 1ª de 1991, el cual establece el marco vigente donde el uso público destina un 80% a la Nación y un 20% al municipio o distrito, mientras que el uso de infraestructura se asigna en un 100% a la Nación. Al modificar esta distribución, la ley fortalece la autonomía de los entes territoriales para financiar proyectos de inversión orientados al cierre de brechas sociales, la protección ambiental, la infraestructura y la calidad de vida de las comunidades en sus zonas de influencia.