El proyecto eleva a rango legal el Sistema Integral de Información Financiera y Asistencial (SIIFA) — enunciado en el artículo 3 de la Ley 1966 de 2019 y desarrollado por vía reglamentaria mediante el Decreto 228 de 2025— y fortalece, con obligaciones de trazabilidad, interoperabilidad y transparencia, el flujo de recursos entre las Entidades Responsables del Pago y la red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. No se trata de crear un sistema desde cero —el SOAT ya está cubierto por el SIIFA como «otro pagador»— sino de dotarlo de estabilidad normativa, de extender expresamente su cobertura a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), hoy no mencionadas en su reglamentación, de crear consecuencias jurídicas concretas por su incumplimiento y de garantizar el acceso de los prestadores y de la ciudadanía a la información.