El presente acto legislativo tiene por objeto elevar a rango constitucional la obligación del Estado colombiano de destinar los bienes provenientes de actividades ilícitas a la reparación de las víctimas del conflicto armado y a la construcción de paz territorial, mediante la modificación del artículo 34 Superior. Con ello, se genera un impacto sociopolítico directo al arrebatar el poder económico a las estructuras criminales organizadas y transferirlo estratégicamente a las comunidades más golpeadas por la violencia, consolidando una verdadera justicia material, restaurativa y distributiva, superando vacíos normativos y garantizando una utilización efectiva de dichos activos en función del interés general en el marco del postconflicto.