Fortalecer las competencias de los concejos municipales y distritales para formular observaciones, recomendaciones y ajustes sobre metas, indicadores y distribución de recursos en los planes de desarrollo y presupuestos, con base en insumos de participación ciudadana y control político, corrigiendo problemas estructurales del modelo vigente como la falta de seguimiento, el centralismo y la escasa articulación entre diagnósticos participativos y decisiones finales.