El proyecto de ley propone una reforma integral a la Ley 80 de 1993 para modernizar la contratación pública en Colombia, haciéndola más transparente, accesible, eficiente e inclusiva. Plantea el uso de herramientas digitales para facilitar el control ciudadano, la inclusión de pequeños y medianos proveedores, especialmente de regiones marginadas, y la descentralización del acceso a los contratos públicos. Además, busca fortalecer la fiscalización mediante la participación activa de la ciudadanía y organizaciones sociales, promoviendo audiencias públicas y veedurías. Esta iniciativa apunta a construir un sistema más justo y ético, que fortalezca la confianza en las instituciones y contribuya al desarrollo equitativo del país.