Esta iniciativa de reforma constitucional busca fortalecer los procesos de paz en Colombia mediante dos objetivos principales: establecer límites racionales que impidan negociaciones con grupos armados que hayan cometido delitos graves o violaciones al Derecho Internacional Humanitario, y garantizar un sistema de frenos y contrapesos al involucrar al Congreso y a la rama judicial en la autorización y supervisión de los diálogos de paz. De esta forma, se promueve una deliberación democrática más amplia, se protege la soberanía nacional y se evita que acuerdos se celebren sin considerar el historial delictivo de las contrapartes, asegurando que las negociaciones respondan a los intereses del Estado y no a una lógica de concesiones indiscriminadas.