El objetivo de esta iniciativa de reforma constitucional es restringir la facultad exclusiva del Presidente de la República para adelantar procesos de paz, implementando un sistema de frenos y contrapesos en el que el Congreso autorice el inicio de los diálogos tras la fase exploratoria y la Rama Judicial pueda frenarlos. Asimismo, busca establecer límites a las negociaciones excluyendo formalmente de cualquier acuerdo a los Grupos Armados Organizados que hayan cometido faltas graves al Derecho Internacional Humanitario o delitos ajenos al delito político, tales como el homicidio de persona protegida, secuestro, narcotráfico, extorsión, delitos sexuales y cualquier crimen contra menores de edad.