El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer que los avalúos catastrales se rijan por las metodologías del IGAC bajo criterios de proporcionalidad y progresividad, fija los límites máximos para el incremento del Impuesto Predial Unificado —tope equivalente al IPC anual para predios actualizados y de hasta el 20% para los no actualizados— durante un periodo de ocho años, y crea una comisión de estudio integrada por el Congreso y el IGAC para hacer seguimiento a los avances e irregularidades de la actualización catastral en el territorio nacional.