Prohibir la participación accionaria de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de prevenir conflictos de interés y garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia en el ejercicio de las funciones de vigilancia, control y fiscalización ambiental que las CAR deben ejercer sobre dichas empresas. Además, establece la cesión de las acciones actualmente en poder de las CAR a las entidades territoriales beneficiarias de los servicios públicos.