La cadena de suministro de GLP es esencial para la energía y los servicios públicos, pero enfrenta amenazas como hurto de cilindros, venta informal y transporte ilegal. Estas conductas afectan la seguridad, el orden económico y la confianza en la justicia. Se propone una intervención penal urgente para criminalizar estos delitos, proteger bienes jurídicos y garantizar un suministro seguro, evitando riesgos graves para la economía y la sociedad.