La presente iniciativa legislativa tiene como finalidad garantizar que las afirmaciones públicas relacionadas con la igualdad de género respondan a compromisos reales, verificables y medibles por parte de las organizaciones que las realizan. Para ello, propone regular las prácticas de ‘purple washing’ mediante la definición de estándares de transparencia, mecanismos de verificación, obligaciones de reporte y un régimen de supervisión y sanción que permita prevenir la utilización engañosa del discurso de igualdad de género con fines comerciales, reputacionales o institucionales. Con ello se busca proteger los derechos de las mujeres, fortalecer la confianza de consumidores, inversionistas y ciudadanía, promover la competencia leal entre organizaciones e incentivar la implementación de políticas efectivas de equidad de género, contribuyendo así al cumplimiento de los mandatos constitucionales de igualdad material y protección al consumidor.