Por la cual se deroga el Decreto Legislativo 811 del 4 de junio de 2020. [Deroga el Decreto Legislativo 811]

El decreto presidencial otorga un salvoconducto al Gobierno Nacional para que sin que exista ningún tipo de control político o jurídico proporcional y razonable, como es propio del estado de derecho moderno, pueda emprender operaciones contractuales tan sensibles como la venta del patrimonio público a través de procedimientos express. No es adecuado ni sano para la democracia que este tipo de decisiones sobre el patrimonio público se tomen sin que haya una debida deliberación pública. Es obligatorio, también, la preservación de los postulados sobre la democratización de la propiedad estatal contenidos en la Constitución Política.