El proyecto de ley introduce un criterio de justicia tributaria, manteniendo intacto el recaudo municipal, pero simplificando el cumplimiento de las obligaciones formales para aquellos transportadores, cuya carga tributaria ya fue satisfecha mediante la retención. La iniciativa racionaliza y unifica el mecanismo de cumplimiento, evitando la obligación de presentar declaraciones municipales, cuando el impuesto ya se retuvo en su totalidad; elimina cargas formales innecesarias, históricamente desproporcionadas frente a la estructura operativa de los pequeños transportadores; reduce la exposición a sanciones e intereses, al eliminar la duplicidad de obligaciones y la diversidad de trámites locales; contribuye a la modernización del sistema tributario municipal, haciéndolo más coherente con la dinámica propia del transporte intermunicipal; asegura que no se afecta el recaudo, pues no introduce extensiones ni beneficios tributarios, sino que corrige redundancias en las obligaciones formales. En síntesis, el proyecto facilita el cumplimiento tributario en un sector estratégico para el país que garantiza proporcionalidad en las cargas administrativas y fortalece la deficiencia del sistema tributario territorial sin comprometer los recursos municipales.