Este proyecto de ley busca eliminar de forma definitiva los impuestos "saludables" sobre alimentos ultraprocesados (introducidos en la reforma tributaria de 2022), bajo la premisa de corregir una medida fiscal regresiva, inflacionaria y meramente recaudatoria que encareció la canasta básica de los hogares más vulnerables de estratos 1, 2 y 3. La iniciativa aclara que no pretende desincentivar hábitos de vida sana ni fomentar consumos nocivos, sino aliviar la carga económica sobre la población de menores ingresos reduciendo las barreras a la seguridad alimentaria, al tiempo que propone abordar la salud pública desde alternativas como la educación nutricional y el fomento a la producción de sustitutos saludables.