La ley de lenguaje claro tiene como objetivo garantizar que la información pública emitida por entidades estatales sea comprensible, accesible y útil para toda la ciudadanía. Para ello, promueve el uso de un lenguaje sencillo y directo en documentos, trámites, servicios y comunicaciones oficiales, así como la implementación de estrategias como la lectura fácil para personas con dificultades de comprensión. La iniciativa busca reducir barreras, costos y cargas administrativas, fortalecer la confianza entre el Estado y los ciudadanos, y facilitar el ejercicio de derechos, la participación ciudadana y el control social. Además, establece lineamientos de formación para servidores públicos y mecanismos de seguimiento para asegurar su cumplimiento.