El objetivo central de esta iniciativa es modernizar y unificar el régimen laboral de los trabajadores oficiales del sector público —superando el marco normativo de la década de 1945— con el fin de garantizar la estabilidad en el empleo, la seguridad jurídica y la eficiencia en la gestión estatal. Para ello, el proyecto establece el contrato a término indefinido como regla general, elimina la anacrónica cláusula de reserva, reglamenta el debido proceso con plazos garantizados para la defensa previa a una terminación contractual con justa causa, e introduce una tabla indemnizatoria progresiva junto con la opción de reintegro para servidores con más de diez años de servicio desvinculados sin justa causa. Todo lo anterior se soporta en la aplicación del principio de favorabilidad, asegurando que esta regulación funcione como un piso mínimo de derechos que respeta los pactos o convenciones colectivas vigentes y prohíbe el retroceso en las condiciones laborales adquiridas.